La crisis de la educación municipalizada -último vestigio de la educación pública en nuestro país- no es producto de la huelga del magisterio por el pago del BONO SAE, como lo quiere hacer parecer la Ministra de Educación.Debemos recordar que la municipalización es una herencia de la dictadura de Pinochet que forma parte de la estrategia política y económica por reducir el rol y la responsabilidad del Estado, con el objetivo de abrirse a la liberalización y privatización de los servicios públicos.
Este sistema, particularmente, en el sector de la educación fue rechazado desde su inicio por el profesorado, porque destruía la educación pública fiscal, eliminaba la carrera funcionaria (existente hasta ese momento) y segregaba la educación entre los municipios ricos y pobres. 29 años después seguimos acumulando antecedentes que los argumentos utilizados en ese momento, hoy, son una triste realidad.
Los municipios desde el comienzo de la municipalización dieron muestra de no estar en condiciones de administrar la educación. Su incapacidad fue utilizada como argumento por la dictadura para entregar recursos estatales a los privados, situación que dejaron garantizada por medio de la LOCE.
Gracias al nivel de consciencia popular generado por la “Revolución Pingüina” sobre la crisis de la educación chilena, la Concertación tuvo la estupenda oportunidad de volver a responsabilizar al Estado de la administración de la educación pública, pero prefirió aliarse con la derecha y con el empresariado de este sector, para legalizar que en nuestro país se pueda obtener lucro con fondos públicos para la enseñanza.
Este recorrido histórico es importante en estos días, porque el gobierno está acusando al magisterio de querer acabar con la educación pública, cuando su deterioro lo han causado las políticas implementadas, en este ámbito, durante los últimos 29 años.
El Ministerio de Educación debiera reconocer que el no pago del BONO SAE al profesorado nacional es una situación inaceptable, como lo señaló claramente la Contraloría General de la República en diferentes pronunciamientos, y tiene que ver con la incapacidad de los municipios de administrar la educación.
Dentro de esta incapacidad municipal, la apropiación de dineros de la docencia no es algo nuevo, el Colegio de Profesores hace algunos años presentó una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el no pago de las cotizaciones previsionales a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), situación que tenía a muchas maestras y maestros del país sin poder jubilar. Ante este evento, la OIT se pronunció a favor de la queja del magisterio; debido a lo cual, el gobierno tuvo que negociar con el parlamento montos frescos para cubrir la deuda previsional. Por estos antecedentes, es de justicia que se pague a las educadoras y educadores todo lo que se adeuda con respecto al BONO SAE y, por qué no recordarlo, a la DEUDA HISTÓRICA.
La respuesta ante tanta irregularidad en la educación municipalizada no es más privatización, la respuesta es que el Estado se haga responsable de la administración de este sistema y recobremos la prestigiada tradición de Educación Pública Fiscal que, antaño, Chile mostró como ejemplo a toda América Latina.
Solo con voluntad política podremos robrar para el pueblo chileno una EDUCACIÓN PÚBLICA, FISCAL, GRATUITA Y DE CALIDAD PARA TODAS Y TODOS.
María Loreto Muñoz Villa
Profesora de Educación Diferencial
3 de junio 2009